Más de 30 días de movilizaciones en Valparaíso, volvieron a poner sobre la mesa la urgencia que ven los usuarios privados de los puertos de avanzar en una real modernización de la actividad portuaria. En 2014, las autoridades firmaron un protocolo de acuerdo en el que se comprometían a crear una comisión especial para avanzar en una institucionalidad que diera más estabilidad; los privados se allanaron a aportar a un fondo, que se acaba este año, y aún no hay una ley larga portuaria, consigna El Mercurio.

En los últimos ocho años ha habido, al menos, 190 días de inactividad en diversos puertos chilenos, debido a siete episodios de paralizaciones portuarias, la mayoría protagonizados por trabajadores del régimen eventual. Una historia que se volvió a repetir en el Terminal Pacífico Sur (TPS) de Valparaíso. Las partes firmaron un acuerdo, pero la situación hizo recordar que la necesidad de una completa modernización portuaria ya se había conversado hace cuatro años. El protocolo de entonces incluía materias de estabilidad laboral y apuntaba a crear una "comisión especial" que avanzaría en diversas propuestas.

En esa época, se instauró el Fondo de Modernización Portuaria, en el marco de una ley corta de puertos que fue necesaria porque los recursos se allegarían mediante el pago de un impuesto por las cargas transferidas de exportación e importación, de 20 centavos de dólar por tonelada, con tope de US$ 2 millones al año por usuario. Dicho mecanismo duraría cuatro años, al 2018, período en que se suponía que se iba a trabajar en una ley larga de puertos para regular definitivamente estas materias.

Según datos del Servicio Nacional de Aduanas y de la industria, durante los cuatro años de duración, el fondo acumuló unos US$ 42 millones. En ese contexto, El Mercurio, informa que EPV habría evaluado usar estos fondos como parte de oferta para los trabajadores movilizados

Falta de información

"A nosotros se nos solicitó contribuir con ese impuesto, concurrimos diciendo OK. Trabajamos. Siempre habíamos planteado el tema y lo seguimos planteando, de contar con una nueva ley, con una situación portuaria moderna, ágil, eficiente, y con un sistema de solución de controversias", enfatiza el presidente del gremio exportador frutícola, agregando que, a la fecha, "nunca nos informaron de cómo se había gastado esa plata (...) A propósito de la actual huelga portuaria, yo pregunté si había fondos, y me dijeron que no había, que se habían gastado. No tenemos ninguna información clara, precisa, concreta. Lo último que supimos, que en el fondo no había plata. Evidentemente, vamos a pedir mayor información al respecto", explica Ronald Bown, presidente de Asoex

En tanto, el presidente interino de la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Raimundo Cruzat, confirma que, mientras se buscaba una fórmula para mejorar la propuesta para los trabajadores en paro de TPS, en Valparaíso, se pensó en recurrir a esos recursos que son administrados por el Ministerio de Transportes. Pero la información que recibieron es que, al filo de la expiración del fondo, los recursos ya se habían agotado.

Si bien no existe un informe oficial que dé cuenta de la ejecución de la totalidad de los recursos del fondo, fuentes del sector comentan que los US$ 42 millones tuvieron tres destinos. La mayor parte de ellos, equivalente a unos US$ 37,1 millones, se usó para cumplir una de las demandas que originó el conflicto de 2014: el pago retroactivo a los trabajadores de la media hora de colación para el período 2005-2013.

Del monto restante, se destinó poco más de US$ 3,1 millones al financiamiento de estudios y proyectos que encargó el Ministerio de Transportes para, precisamente, sentar las bases para la modernización del sector. Un informe de esta cartera publicado en febrero menciona algunas de estas iniciativas, como el Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria, un software que entró en operación hace un par de meses y que permitirá contar con información sobre los turnos. Un remanente, cercano a US$ 1,8 millones, habría sido transferido al Tesoro Público, según está establecido en la ley para el momento de la extinción del instrumento.

Panel de expertos y arbitraje

La abogada y académica de la Universidad de Chile, María Cristina Gajardo, cree que la autoridad debe avanzar en la instalación de mecanismos para la resolución pacífica de controversias. Para ello, plantea la instalación de un panel de expertos. Para casos más complejos y bajo un modelo que habría que diseñar, podría establecerse la figura del arbitraje, que evite el uso de la fuerza y la violencia por parte de los trabajadores, estima.

"Las autoridades tienen que entender que esta es una situación compleja, es algo que se puede volver a repetir, es una situación que tenemos que abordar, que seguramente vamos a tener que incurrir en algunos costos, modificaciones estructurales a lo mejor, del punto de vista de una definición clara de qué va a pasar con los puertos de aquí en una visión de corto, mediano y largo plazo; empezar a ajustarnos a lo que viene. Los puertos van a tener modificaciones notorias desde el punto de vista tecnológico, y eso significa evidentemente prever y tener certeza de qué se va a hacer con los trabajadores", dice Ronald Bown a El Mercurio.