Durante el segundo semestre de 2018 tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron proyectos de acuerdo mediante los que solicitaron al Ejecutivo que considere modificaciones a la ley 19.542 más conocida como Ley de Puertos, con el objetivo de que las autoridades comunales y regionales puedan incidir en la toma de decisiones en la actividad portuaria. De igual forma plantean la necesidad que se establezcan vías de financiamiento a partir del desarrollo del rubro portuario, que beneficie a las ciudades puertos y a las regiones donde se emplazan.

Así lo detalló a MundoMarítimo, el presidente de la Comisión Regionalista Transversal de la Cámara de Diputados y diputado por la región de Valparaíso, Rodrigo González, quien indicó que “el Parlamento le ha representado al Ejecutivo la necesidad imperiosa para resolver por un lado, la obsolescencia de la actual Ley de Puertos y por otro lado, una serie de vacíos que tiene la institucionalidad del sistema portuario chileno que se está quedando retrasada, en relación a como se organizan y se avanza en la relación entre ciudades y puertos en los países más desarrollados del mundo. Son una necesidad urgente tanto para el desarrollo urbano de las ciudades como para mejorar la productividad de los terminales”.

El parlamentario que es uno de los impulsores del cambio en la legislación actual, visitó la región del Biobío para exponer en el Seminario Ciudades Portuarias, Desafíos de Desarrollo y Gobernanza, oportunidad en la que detalló que con esta modificación se apunta a que los puertos aporten recursos a las ciudades. “Tenemos una propuesta con los municipios donde hay puertos, que exista una tasa portuaria en beneficio de las ciudades, para que los puertos públicos estén autorizados para invertir en el hinterland y en el borde costero, y no sólo en la zona que corresponde a la concesión de la bahía”, recalcó.

A su vez plantea que se creen consejos de los que participen las empresas portuarias, los puertos privados y públicos, las autoridades comunales con facultades y poderes con capacidades de liderazgo para regular el conjunto de conflictos y potencialidades considerando diversos ámbitos como el ambiental, el educacional, la salud, el desarrollo cultural, la protección patrimonial, arquitectónica y arqueológica que se ven afectados por determinadas obras asociados al desarrollo logístico y marítimo portuario.

Situación actual

González sostuvo que el cambio en la ley requiere que se constituya una nueva institucionalidad portuaria que permita que las regiones, donde operan los puertos se vean beneficiadas por esta actividad.

“Hoy tenemos una política marítima portuaria regulada desde Santiago, que nada sabe de puertos y que tiene una visión absolutamente centralista. Las empresas portuarias hacen lo que pueden algunas con mejores políticas y otras con peores, donde existe una lógica de un centro que conduce y no de las regiones que resuelven armónicamente con iniciativa local y regional, los problemas que solo ellos pueden resolver y con recursos que se producen en las propias regiones, pero que hoy son entregados al nivel central. Por ende, estos no se pueden invertir en las propias regiones”, enfatizó.

Asimismo, dijo que se ha evidenciado una serie de carencias en el sistema marítimo portuario, que han generado una serie de conflictos entre ellos el reciente paro portuario que generó “un grave daño para el país, para los trabajadores, especialmente para Valparaíso y para la empresa concesionaria (TPS)”.

Además, planteó que la crisis ambiental que afectó entre agosto y septiembre a la Bahía de Quintero – Puchuncaví, donde operan diversos terminales marítimos es reflejo de ello. “Ahí existe una bahía sin Dios ni ley, ni normas donde se contaminó y se vio una incapacidad de la autoridad portuaria, ambiental y comunal para resolver los problemas, nadie tomó decisiones y ese sector se sigue contaminando y se convierte en zona de sacrificio”, puntualizó.

A su vez señaló que otra situación que fue una de muestra de deficiencias se relaciona con el conflicto que se mantuvo durante cuatro años por las denominadas ‘cargas limpias’ entre la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y Terminal Pacífico Sur (TPS).

Comunidades logísticas

Otro problema que vislumbra el legislador es la falta de integración entre puertos pertenecientes a un mismo territorio. En ese sentido destacó que son un aporte los modelos de comunidades logísticas, tal como el que se lleva adelante desde hace dos años por la Comunidad Logística de Talcahuano (Comlog).

“Es fundamental, ya que no se puede entender hoy el desarrollo portuario, sin comunidades logísticas y un desarrollo logístico potente, ya que ello permite mejorar la sostenibilidad y competitividad de los puertos. Pero, que al mismo tiempo debe estar armonizado con el desarrollo urbano de los bordes costeros, que sea armónico y sostenible todo el entorno que rodea al sector logístico”, concluyó.