No le fue bien al operador de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) con el recurso de protección que acusaba que el pacto entre Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y TPS, que cambia obligaciones del lugar donde se revisan las cargas, le significaba perjuicios económicos. De esta manera, se abre la puerta a un arbitraje, según Diario Financiero.

TPS -concesionaria del terminal 1 del puerto- y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), tenían una disputa por la obligación de que la revisión que se realiza a las cargas que pasan por el terminal se haga en ZEAL. La situación llegó al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, juicio que terminó mediante un acuerdo extrajudicial, donde se definió que un grupo de los aforos e inspecciones físicas de carga se podrán realizar al interior de TPS.

Lo anterior, motivó el recurso de protección que presentó Azvi contra el acuerdo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. “EPV ha asumido obligaciones que a la postre erosionan gravemente el contrato de concesión que mantiene con la recurrente, incurriendo en un trato discriminatorio en materia económica, ya que la actora en un proceso licitatorio público, transparente y participativo, se adjudicó la concesión de la Zona de Actividades Obligatoria (ZAO) de la ZEAL, y a través del avenimiento EPV se obliga a que parte de la carga ya no sea inspeccionada en la ZEAL, sino que en las locaciones de TPS, en sus dependencias en el puerto mismo”, alegó en el juicio.

Según la empresa española, TPS participó en la aludida licitación -a través de Sitrans- y perdió el concurso, por lo que el acuerdo consiste en un privilegio obtenido al margen de un proceso de licitación pública, lo que es una infracción a la igualdad de trato.

Por su parte, EPV solicitó el rechazo al recurso, ya que a su juicio no existe un trato discriminatorio, sino la regulación eficiente del funcionamiento del mercado que ha sido distorsionado por los propios operadores en el último tiempo. La Corte de Apelaciones, que viene analizando desde el 21 de noviembre el recurso, optó por rechazar la medida, pues no consideró que fuera la vía idónea para resolver el desacuerdo entre Azvi y EPV, que básicamente busca determinar si se está violando lo establecido en las bases de licitación: la exclusividad para dar servicio de fiscalización de cargas. Esto debería ser analizado por un árbitro o por otros medios legales, o bien, gestionarse un acuerdo entre las partes.