El proyecto para concesionar el terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez no presenta avances desde hace más de un año. Este fue seleccionado por el Gobierno para ejecutarse bajo la modalidad de una asociación público-privado (APP), una vez se hicieran los estudios requeridos, según consignó La Prensa Gráfica.

Por esta razón, el proyecto fue incluido en el programa de FOMILENIO II, bajo el eje denominado clima de inversiones. Uno de los objetivos es implementar al menos dos APP en El Salvador durante los cinco años que dura el compacto. El otro proyecto en el que se trabaja es el de la iluminación y videovigilancia en varios tramos de carreteras del país.

En noviembre de 2015, CEPA solicitó al Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (Proesa) "estudiar la viabilidad del proyecto de APP". Este fue admitido por Proesa en septiembre de 2017. El estudio de factibilidad fue presentado un mes antes por CEPA, según documentos disponibles en el sitio web de Proesa.

El consejo directivo de Proesa aprobó el proyecto de APP y el inicio de la licitación en diciembre de 2017, tras recibir el aval del Ministerio de Hacienda. Desde esa fecha, los avances han sido casi nulos e incluso este ha enfrentado la oposición del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y Conexos (Sittaies), organización que ha promovido varios paros en el terminal de carga para mostrar su desacuerdo con el APP.

CEPA acusa falencias en estudio para APP

Por su parte, la junta directiva de CEPA ha cuestionado los resultados del modelo económico-financiero que elaboró para la APP la firma Deloitte Consulting. A finales del año pasado, la máxima autoridad de la entidad concluyó que la asociación "debe basarse en la experticia de un socio que permita incrementar el movimiento de la terminal de carga en el menor tiempo posible, lo cual, no se considera en el modelo económico financiero" de la consultora.

De acuerdo con un informe del área financiera de CEPA, presentado a finales de 2018, las condiciones iniciales tomadas en cuenta para la prefactibilidad deben ser actualizadas porque el terminal de carga es un negocio en marcha. Además, se critica que la base para el cálculo de ingresos solo consideró datos hasta 2015, "omitiendo la tendencia creciente de los flujos netos de efectivo de CEPA de los últimos cuatro años".

El análisis presentado a la junta directiva de CEPA afirma que el modelo económico-financiero propuesto "no considera la actualización de un estudio de demanda que permita validar la proyección de ingresos por el manejo de carga, ni los plazos para alcanzar en menor tiempo la demanda total proyectada".

Finalmente, el equipo de CEPA asevera que "el modelo no es confiable para una proyección de resultados", contrasta que las estimaciones de carga para el primer año de operaciones del APP (2019) son de 29.000 toneladas métricas, y que al cierre de 2018 se esperaba cerrar con cerca de 29.000 toneladas métricas. Se cuestiona, asimismo, la creación de nuevas tarifas y el incremento de otras que ya existen lo que representaría un "desincentivo para el sector exportador".

En cuanto a los ingresos, CEPA concluye que el promedio de sus flujos netos de US$2,9 millones sobrepasa el flujo neto proyectado para los primeros 15 años del APP, que es de US$2,4 millones. La entidad estima que perderá US$8,3 millones en ingresos no percibidos durante estos 15 años.

Consultado al respecto, el presidente de CEPA, Nelson Vanegas aseguró que "la decisión de la junta directiva no ha cambiado; considera que los estudios que se presentaron no son convincentes y que se requieren otros estudios y otras actualizaciones".