Hasta el Tribunal Constitucional (TC) llegaron representantes de Puerto Lirquén, que opera en la Región del Biobío y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a nombre del Ministerio de Defensa, por un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó al TC la compañía portuaria.

Según El Mercurio, el reclamo se vincula al artículo del DFL 340 del Ministerio de Hacienda, que contiene la Ley de Concesiones Marítimas, luego de los fallos del 30° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago y de la Corte de Apelaciones, que visaron el alza en la renta anual que paga el puerto al fisco o Ministerio de Defensa. 

La disputa, que también se mantiene pendiente en la Corte Suprema, se debe a que la renta anual cobrada a la portuaria pasó de los CH$156.714, que cancelaba desde 1990, a poco más de CH$7 millones a partir de 2012, cuando renovó oficialmente la concesión marítima para operar el terminal por otros 20 años. Esto, en un terreno de playa de 916 metros cuadrados.

En su alegato ante el Tribunal Constitucional el abogado Eugenio Evans -en representación de Puerto Lirquén argumentó una abierta discriminación contra los puertos privados respecto de los puertos estatales, dado que estos pagan una renta que bordea el 5% de la tasación de los activos y además no pagan contribuciones, a diferencia de los puertos privados que deben pagar una renta mínima del 16% y que casi en la totalidad de los casos supera el 50% de la tasación de los activos, debiendo además pagar contribuciones.

“Cada dos años, los puertos privados concesionados están pagando el 100% de la tasación fiscal, que en los últimos años se ha equiparado al avalúo comercial, lo que implica que los concesionarios privados están comprándole cada dos años el bien al Estado, bien del que nunca llegan a ser dueños. En este caso, se trata de una concesión por 20 años, período en que el Estado pretende que el privado le compre 10 veces el mismo bien. Esto es claramente una renta expropiatoria", añadió Evans.

Peribonio, por el Estado

El representante del CDE, Juan Antonio Peribonio representó los intereses del Ministerio de Defensa, argumentando que el cobro de la nueva renta responde a la tasación fiscal del terreno por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), que no fue objetada por Lirquén, la que tampoco habría pedido modificación de la renta.

El SII tasó en CH$14,2 millones el paño costero de 916 metros cuadrados y la renta anual se fijó en el 50% de ese valor. En 1990, el valor fiscal del paño era de poco más de CH$300 mil. Peribonio dijo que Portuaria Lirquén ganó US$15,8 millones en el lapso 2013-2018 y tiene un patrimonio de US$100 millones. En tanto, el fisco cobró en ese período CH$42 millones por renta, descartando que eso sea discriminatorio o desproporcionado.