La superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) de Ecuador recomienda en su estudio Puertos y Tarifas Portuarias no emitir, ni renovar a las terminales privadas sus permisos de operación o ampliación, según informó El Universo.

El estudio, dirigido al Ministerio de Transporte (MTOP) y a la Subsecretaría de Puertos que analiza el marco legal y económico de las terminales públicas y privadas, se dio a conocer catorce meses después de que la operadora Contecon –concesionada desde 2007 con la terminal de Guayaquil– pidiese a la entidad pública su opinión sobre supuestas “distorsiones” en el negocio portuario, que en 2017 generó US$20.000 millones en exportaciones e importaciones en Ecuador, en base a datos del Ministerio de Comercio Exterior.

Contecon lleva dos años denunciando públicamente el supuesto perjuicio a su empresa y al Estado ante la reducción del 28% de sus clientes entre el 2016 y 2018, los mismos que se han trasladado a las terminales privadas, que han ampliado su capacidad e infraestructura.

Al respecto, el gerente de Contecon, José Contreras afirmó que “los operadores privados que no están delegados (o concesionados) para dar un servicio público nos están quitando el negocio”.

Tanto el ejecutivo del concesionario de Puerto Guayaquil como el estudio de la Superintendencia hacen referencia al artículo 314 de la Constitución, el cual establece que el sector portuario es un servicio público y que el Estado dispondrá tarifas equitativas, y su regulación.

En otro artículo, el 316, se dispone que de forma “excepcional” se delegarán estas actividades públicas a la iniciativa privada. Para ello los operadores deben seguir los requisitos de una concesión: un concurso público, el pago de un rubro al Estado, proyección de inversiones o estar bajo el régimen de libre competencia. Contecon ha cumplido estas condiciones para recibir la concesión, a diferencia de los privados que pagan algunos impuestos, los mismos que también paga Contecon. Ambos están sujetos a la Ley General de Puertos.

Terminales privados se oponen

A su vez en su análisis, la Superintendencia plantea hacer un proyecto para reformar esta ley que rige el sector portuario, y que los permisos vigentes de las terminales privadas se ajusten a los términos de una concesión para dar un servicio público.

Por su parte, la, directora de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), Iliana González calificó las recomendaciones del estudio como “sugerencias equivocadas que el MTOP deberá evaluar”.

La dirigente gremial sostuvo que los siete operadores privados que representa, por ejemplo, TPG y Bananapuerto, tienen los permisos y autorizaciones para su operación de acuerdo con las normas vigentes desde 1970 y hasta el 2004.

“La actual constitución se promulgó en el 2008, el Código de Producción, Comercio e Inversiones en el 2010 y sus reglamentos posteriormente. Las leyes y sus reglamentos no son retroactivos”, recalcó la representante de Asotep.

Adicionalmente, la Superintendencia recomendó elaborar un tarifario portuario estandarizado, propuesta que Asotep rechaza. “Los terminales han impulsado la libre competencia al tener tarifas flexibles y acordes a las necesidades del mercado”, dijo González, quien añadió que las propuestas de la Superintendencia no son vinculantes.

En ese sentido, la entidad pública dijo que efectivamente el estudio y sus recomendaciones no tienen carácter vinculante, y que continuarán con el análisis del sector considerando los pronunciamientos de los diferentes actores. “Las recomendaciones podrán ser ampliadas o complementadas (…)”, indicaron desde la Superintendencia.

Sin embargo, el experto en políticas de competencias, Fausto Alvarado, considera que sí se deben aplicar las recomendaciones.