La entrada en operaciones del Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en febrero de este año fue uno de los aspectos gravitantes en la crisis que afecta actualmente a Japdeva, ya que el nuevo puerto asumió la atención de los buques portacontenedores que arriban a Moín.

Esto significó para el puerto estatal, la pérdida del 80 de los clientes e ingresos que tenía Japdeva.

Ante esa situación, la ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, presentó ante la Asamblea Legislativa del país centroamericano, el proyecto de ley para reestructurar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). La situación actual de la entidad “materializa los riesgos que se preveían durante muchos años", afirmó.

Con el plan se intenta responder a la crisis financiera que enfrenta la entidad, que se quedó sin fondos para pagar esta quincena a 1.186 trabajadores. La principal medida implica prescindir de hasta el 80% de la planilla, eso representa 950 empleados, según consignó La Nación.

No obstante, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, aseguró que serían 800 empleados, que corresponde al 67%.

Alternativas para trabajadores

En relación con el proyecto, este considera el acuerdo establecido el viernes anterior, que ofrece a los trabajadores portuarios pensiones anticipadas y bonos de hasta ocho salarios, a quienes sean despedidos.

Dicho acuerdo ofrece a más de 200 trabajadores mayores de 55 años, que tengan 20 años cotizando, la posibilidad de adelantar su jubilación.

Mientras, los restantes que sean cesados, recibirían además del monto correspondiente a sus prestaciones, un bono de ocho salarios los que ganan menos de US$ 1697,90, y cuatro salarios los que ganan más de ese monto.

Asimismo, los trabajadores podrán acogerse a traslados horizontales a otras instituciones públicas, con el fin de no perder su plaza en el Estado.

La titular de Hacienda se refirió al acuerdo que se alcanzó entre el Ejecutivo y los representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y el Ejecutivo.

“Para que el Gobierno le pueda inyectar tres meses de operación mientras, en ese plazo, aprobada la ley, logre liquidar más o menos el 75% o 80% del personal, que es necesario hacerlo, porque hoy los ingresos no es que no cubren, prácticamente no cubren nada de la operación”, afirmó Aguilar.

Pérdidas financieras

Si bien la operación de TCM influye, Japdeva acumula cuatro años consecutivos de pérdidas financieras. El año pasado la entidad portuaria cerró con un déficit de US$5.800.026. Para entonces la institución contaba con reservas por US$ 10.056.661, presupuesto que le permitió a la entidad cumplir con sus obligaciones hasta entonces.

El Gobierno deberá inyectar millones mensuales para pagar la planilla y las obligaciones de la entidad portuaria, mientras una comisión técnica ejecuta la reestructuración en los dos meses siguientes a la aprobación del presupuesto extraordinario. “Es una situación crítica, se está buscando la quincena que viene. La urgencia también inyecta fondos para el funcionamiento de la entidad, para poder salir con las obligaciones”, reconoció Centeno.

La representante de Japdeva adelantó que, en paralelo, el Ejecutivo está preparando un presupuesto extraordinario de alrededor de US$50,9 millones para mantener la operación de la institución Para este año, la empresa estatal presupuestó US$70,7 millones para salarios. De este monto, la mitad corresponde a pluses salariales.