En el contexto de la consulta que la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) efectuó en febrero pasado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) para fijar las condiciones que regularán la licitación del Puerto Exterior, este miércoles 19 de junio se desarrolló la audiencia donde ocho actores de la industria expusieron sus posiciones.

De la sesión participaron la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), SSA Holding Internacional Chile (Ssahi), Cementos La Unión (Clusa), Sistema de Empresas Públicas (SEP), el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La medida propuesta por EPSA que generó mayor controversia fue aumentar el umbral de restricción vertical desde 60% a 80%. Esto se traduce en que los usuarios relevantes de los puertos puedan participar de las concesiones de los terminales, lo que permitiría sumar por ejemplo a una naviera, importador o exportador que pertenece a un grupo propietario de puerto, según consignó Diario Financiero.

Al respecto, el abogado de la FNE, Bernardo Aracet señaló que a raíz del aumento de la relación entre las navieras y las operadoras portuarias en el último tiempo “produciría una concentración preocupante”.

Asimismo, advirtió que ese escenario podría ocasionar riesgos, entre los cuales se encuentran subir o bajar las tarifas a determinados agentes causando una discriminación deliberada, así como llevar a los puertos a un uso ineficiente.

Aracet dijo que ello llevaría “a mayores grados de libertad para el reparto de rentas entre usuarios y el terminal portuario, a través del direccionamiento de carga, lo que podría afectar la competitividad entre terminales portuarios”.

Mientras que el abogado de EPSA, Juan Ignacio Correa, defendió la propuesta férreamente señalando que cuando se licitaron los primeros puertos a fines de los años ’90 se estableció una restricción vertical de un 40%, pero siempre pensando en que esto podía cambiar en razón de cómo se comportara la competencia. “La restricción siempre fue pensada en términos dinámicos”, aseguró.

Excluye operadores regionales

Otra de las condiciones corresponde a la restricción absoluta de la integración horizontal, la que consiste en que ningún operador de terminales de la región de Valparaíso pueda participar de la licitación.

En esa línea, EPSA planteó que los controladores y accionistas de los terminales ubicados en un mismo frente de atraque, pero en caso de adjudicarse la concesión deben optar entre el PGE o bien permanecer en el terminal que ya participan.

En relación con este punto, la abogada de Camport, María Isabel Díaz criticó la proposición. “Es costoso renunciar a la concesión de un puerto”, afirmó.

Por su parte, María José Henríquez, abogada de Ssahi, accionista minoritario de San Antonio Terminal Internacional (STI) se mostró contraria a la restricción absoluta, dijo que si bien comprenden que la decisión de EPSA se fundamenta en atraer nuevos competidores y evitar conductas abusivas por concentración de operación, no se explica como un actor como la empresa que representa “podría tener acceso a mayor información por el hecho de operar más de un terminal”.

Terminal Mar

Otro aspecto que debatió en la audiencia en el TLDC corresponde a la fórmula que se ocupará para realizar las dos etapas del Terminal Mar. La primera fase está prevista para iniciar sus operaciones en 2026 y la segunda programada para después de 2030.

Cabe recalcar que el Terminal Mar contará con una capacidad de 3 millones de TEUs anuales.

A juicio del SEP, ese proceso debiese estar definido por una fórmula de gatillamiento de inversiones que se active una vez que supere un nivel de demanda o saturación predeterminadas.