Este martes 6 de agosto, el Gobierno de Perú aprobó el reglamento de la ley de cabotaje marítimo, con el objetivo de promover y facilitar una alternativa competitiva de transporte de pasajeros y de carga en la costa peruana, informó Andina.

Mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó dicho reglamento que consta de dos títulos, cuatro capítulos, 26 artículos y tres disposiciones complementarias transitorias.

Dicho reglamento atañe a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado y entidades de la administración pública vinculadas al transporte marítimo de pasajeros y de carga en la costa peruana.

Además, incluye a las operaciones de unidades flotantes de almacenamiento en puertos marítimos peruanos, destinados para la recepción y regasificación de gas natural licuado (GNL) y posterior entrega a los usuarios.

No obstante, se excluye de los efectos del reglamento al transporte marítimo de graneles líquidos, distintos al gas natural licuefactado.

Difusión de reglamento

A su vez la norma dispone la publicación del reglamento aprobado en los sitios web del Estado Peruano, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cabe recordar que el 13 de septiembre de 2018 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo Nº 1413 (Ley de cabotaje) para promover y facilitar el transporte marítimo de cabotaje de pasajeros y de carga en la costa peruana, por lo cual solo faltaba la publicación del reglamento.

En ese sentido, la ley indica que el cabotaje marítimo de pasajeros y de carga es realizado por persona natural o persona jurídica constituida en el Perú, con capital social de origen nacional o extranjero y que haya obtenido el correspondiente permiso de operación de la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para realizar el cabotaje marítimo las naves deben contar con la certificación de clase otorgada por una clasificadora, miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), y contar con coberturas de protección e indemnización o responsabilidad civil.

De acuerdo con la normativa nacional y los convenios internacionales, las naves y la prestación del servicio cumplen con las disposiciones de seguridad, protección y de conservación del medio ambiente acuático.