El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) de Bolivia, Gustavo Jáuregui, informó que el comercio exterior boliviano sufrió una pérdida de US$140 millones, por los 15 días que duró el conflicto en el Terminal Puerto Arica (TPA) y que impidió el despacho de carga desde Chile hacia Bolivia.

“Por 15 días de perjuicio se perdieron US$140 millones a razón de US$9,3 millones por día”, explicó el ejecutivo tras enterarse de un acuerdo logrado entre la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y la Empresa Portuaria Arica (EPA), según lo informado por Agencia de Noticias Fides.

En un desglose de los ítems afectados por los 15 días de retención de carga boliviana dijo que se subdividen en tres grupos: el de combustible, el 40% de importaciones que representa los insumos para la industria nacional y los productos terminados como línea blanca y negra y otros.

“Cuando hablamos de insumos para la industria, necesarios para procesos industriales que en algunos casos están destinados a la exportación, estamos afectando a otro parte de la cadena”, dijo.

Respecto a los productos terminados dijo que también hay un perjjuicio sobre todo en aquellos casos que tenían de por medio contratos de cumplimiento para la entrega al sector público o privado. “El incumplimiento de contratos deriva en multas e intereses que alguien debe asumir”, indicó.

Problema estructural

En análisis de la CNC hay un problema mayor que el coyuntural en el puerto de Arica, y tiene que ver con la ASP-B. “El problema es estructural en la ASP-B y salió a la luz gracias a esta situación, la que se ha denotado de la naturaleza jurídica de la ASP-B, lo que le ha traído un conflicto al momento de operar y generar su acción”, dijo.

En ese sentido, el empresario recordó que en 1996, la ASP-B era una empresa pública descentralizada que tenía como función principal fiscalizar el comercio exterior boliviano, pero que a partir de 2015, pasó a convertirse en una empresa estratégica prestadora de servicios, que en los hechos no lo fue. “No ha brindado ningún servicio efectivo, no cumple a cabalidad el Tratado de 1904 de controlar y fiscalizar la carga boliviana que es su mandato”, dijo.

En ese ámbito ratificó la posición de la CNC y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que se dio a conocer de manera oficial a la Cancillería de Bolivia, de aplicar un nuevo modelo de gestión público-privada en el puerto de Arica, con el propósito de asumir algunos roles de la ASP-B.

“Estamos planteando un nuevo modelo de concesión privada, donde la ASPB dejaría de cobrar por las tarifas y tendría un rol más fiscalizador y controlador de la carga. Mientras que de manera conjunta la CNC y la CNI crearíamos un mecanismo de concesión; lo que queremos es atender de manera eficiente, oportuna y con menores costos a importadores y exportadores bolivianos”, aseguró durante la semana pasada, el presidente de CNI, Ibo Blazicevic.