En el contexto de la propuesta de transformación, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) de Costa Rica dio a conocer en septiembre pasado el proceso de licitación pública 2019LN-000001-01, a través del que busca dar en concesión los servicios públicos de carga, descarga, estiba, desestiba y manejo de bienes en sus 2 principales terminales portuarios: la Hernán Garrón Salazar en Limón y la Gastón Kogan en Moín.

De esa forma, la entidad pretende mantener exclusivamente la atención de cruceros, de buques con crudo (o sus derivados), graneles líquidos y gas licuado de petróleo, de acuerdo con lo informado en un documento disponible para su consulta en el sitio web del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Mientras que la apertura de oferentes está programada para este 17 de octubre procurando concesionar por un período de 5 años mediante un máximo de tres diferentes concesiones para los distintos servicios.

En ese marco se contempla otorgar los servicios de atención a naves convencionales, a naves graneleras, naves con contenedores, a camiones y vehículos tipo roll on roll off y modalidad de demora por nave/cuadrilla.

“El servicio portuario a darse en concesión de gestión de servicio público, es la atención del servicio de la carga, descarga, estiba, desestiba y manejo de mercancías que transportan los buques en las terminales Gastón Kogan (Moín) y Hernán Garrón (Limón)”, indica el documento.

“De acuerdo con lo establecido por el numeral 74 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento, la concesión de la gestión de este servicio público ha sido permitida en el Reglamento para el Servicio de Estiba y Desestiba en el Complejo Portuario de Limón y Moín, Decreto Ejecutivo Nº 32178; y el Consejo de Administración de Japdeva ha aprobado el anteproyecto de explotación para el negocio que se pretende dar en concesión, ambos forman parte integral de este cartel de licitación”, añade el texto.

Requisitos

En base a lo informado por la institución, las empresas contratadas deberán cumplir estrictamente con las obligaciones de derechos laborales y de seguridad social para los colaboradores. Además, deberán apegarse a las tarifas definidas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Las empresas interesadas en el proceso de licitación deberán dar una garantía de participación de US$8.718, mientras el concesionario deberá rendir a favor de Japdeva una garantía de cumplimiento por US$ 51.698,91, según consignó CrHoy.

Reducción de personal

En otro frente, el 14 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó -con 36 votos a favor y 6 en contra- en segundo debate el proyecto de ley para reestructurar la institución. El objetivo es que la planilla pase de 1.186 funcionarios a 400 mediante tres opciones: traslado horizontal a instituciones de la Administración Central o Descentralizada, un incentivo económico ante despido o una prejubilación para quienes cumplan con ciertas condiciones.

En el debate, algunos diputados estimaron que se necesitan al menos US$85,4 millones para poder concretar todo el plan de modernización. En cuanto a este plan, se establece un nuevo modelo de negocio que sea rentable para la entidad, como la concesión y los establecimientos de encadenamientos productivos.

Desde la Asamblea Legislativa indicaron que el fin de la modernización de la entidad es que pueda ejecutar una reorganización administrativa, financiera y operativa para asegurar su sostenibilidad y el cumplimiento de sus objetivos.

Al cierre de julio de este año, antes de que comenzaran a ingresar los primeros recursos extraordinarios avalados por la Asamblea Legislativa para ayudar a enderezar el rumbo, la institución reportaba un déficit de más de US$14 millones.

En los primeros siete meses de 2019 la institución registró –en total- ingresos por US$ 30.986.603,36. Sin embargo, los egresos (por salarios y gastos operativos) fueron muy superiores alcanzando los US$45.005.624,45

Impacto de operación de TCM

Desde que, en febrero de 2019, comenzó a funcionar el Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de APM Terminals, Japdeva pasó de tener ingresos por US$6.376.198,90 mensuales en enero a proyectar poco más de US$1.206.307,90 a junio, es decir, unos US$5.169.891 menos en cuestión de meses. Los escasos recursos que ingresaron en ese lapso obedecieron a la movilización de carga mixta y convencional.

Además, los gastos mensuales de la entidad superan los US$ 5.859.209,80 (US$ 4.308.242,50 por salarios y el resto en rubros operativos) para un déficit mensual cercano a los US$ 4.652.901,90

Por último, en las semanas posteriores al ingreso de la TCM, Japdeva inició una pugna legal con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por el papel de la autoridad portuaria estatal encargada de diseñar los cronogramas que cada terminal portuaria del Caribe.

Por MundoMarítimo