En octubre de 2019 la Dirección de Obras Portuarias (DOP) de Punta Arenas, en la región de Magallanes, Chile, dispuso el Manual de Uso de Rampas. El documento establece que cada naviera puede operar durante 15 minutos de forma alternada con dos naves por empresa. Hasta octubre, Tabsa era la única empresa que ofrecía un servicio de conectividad marítima en la zona. Sin embargo, el 17 del mismo mes se anunció que la Naviera Tierra del Fuego también comenzaría a operar en el lugar. Por lo tanto, para cumplir la norma Tabsa tuvo que retirar uno de sus ferrys.

Ante esto, el gerente Tabsa, Alejandro Kusanovic, aseguró que la DOP actuó de manera "ilegal y arbitraria", y la empresa presentó un recurso de protección en contra del director regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito. Sin embargo, el 19 de mayo tal recurso fue rechazado, informó La Prensa Austral.

De acuerdo con Tabsa, Valdebenito carece de facultades y atribuciones para limitar la cantidad de naves que puedan operar en un determinado cruce marítimo, "restringiendo el desarrollo de la actividad económica de privados y vulnerando su derecho a un trato igualitario por parte del Estado".

No obstante, los ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas desestimaron esos dichos. De hecho, según el fallo, Valdebenito "cuenta con las potestades legales para adoptar la medida de administración recurrida, por lo que dicho acto no es ilegal".

Asimismo se indicó que la decisión adoptada "no es arbitraria, porque él recurrido en su condición de jefe de servicio se encontraba obligado legalmente a buscar una solución administrativa al nuevo problema que se presentaba, toda vez que debe administrar el uso de la infraestructura portuaria para cumplir con el deber de conservarla y mantenerla en su calidad de bien fiscal, teniendo en cuenta la limitada capacidad de dicha infraestructura para atender las nuevas condiciones de hecho existentes, en que dos empresas estaban usando las mismas limitadas instalaciones públicas para sus operaciones del circuito marítimo, por lo que la decisión de establecer el procedimiento de que se trata, y que ante las nuevas condiciones fácticas que se presentaron se hacía necesario, obedece a razones y no a un capricho".

Tabsa cuenta con un plazo de cinco días para recurrir a la apelación, desde que se les notifique a las partes personalmente o por el estado diario la sentencia.