La Asociación Marítima del Perú (ASMARPE); la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) y la Asociación Peruana de operadores Portuarios (ASPPOR) en un comunicado dirigido al presidente del Congreso de Perú manifestaron abiertamente su rechazo al decreto legislativo, Decreto Legislativo (DL) Nº 1492 el cual fue aprobado con el fin de ayudar a disminuir y transparentar los costos logísticos a la vez de promover la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas del comercio exterior en el marco de la pandemia de coronavirus (Covid-19)

Sin embargo, los gremios argumentaron que el DL 1492 "interviene ilegalmente en contratos entre privados alterando contratos de transporte celebrados bajo legislación internacional". Además, criticaron que se se basa "en proyectos rechazados anteriormente por el Congreso, por constituir intervención del Estado en ámbito privado, contraviniendo convenios internacionales y normas constitucionales".

Los gremios explicaron recalcaron que "no somos un freno a la competitividad como falsamente quieren señalar" debido a su oposición al DL. Agregaron que "el sector naviero aporta a la competitividad del país acompañando su crecimiento exportador en las últimas décadas", en un escenario altamente competitivo donde participan 14 líneas navieras, 12 almacenes y 4 millones de metros cuadrados de soporte al puerto.

Detallaron que los contratos de carga en todo el mundo son suscritos por las navieras con las empresas importadoras-exportadoras, ambos actores "privados" por lo que "permitir la intervención estatal en ellos es abrir una puerta para que se haga en cualquier otro sector de la economía", manifestaron.

Igualmente señalaron que las implicancias de este decreto respecto a la forma de la entrega de bienes "imposibilitará el financiamiento futuro de mercancías.

Presión internacional

Para respaldar su posición los gremios indicaron que el Consejo Mundial de Transporte Marítimo, que representa al 90% del transporte marítimo mundial, emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno peruano "expresando su rechazo a esta norma que violenta los contratos suscritos al amparo de legislación internacional".

Si bien, los gremios reconocen que el DL 1492 fue promulgado en el marco de las facultades que concedió el Congreso al Ejecutivo para legislar exclusivamente en torno a la emergencia sanitaria, subrayaron que "esas facultades han sido excedidas" y que "esta norma no guarda ninguna relación con la emergencia sanitaria".

Ante esto los gremios remarcaron "la incoherencia del Ejecutivo que, por un lado, observa la Ley de los Peajes aprobados por el Congreso por constituir una intervención del Estado en contratos entre privados y en este caso, hace exactamente lo contrario".