En mayo de 2020, tras más de 50 años desde su ratificación, el Gobierno de Perú decidió denunciar el "Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque", también conocido como Reglas de La Haya, dejando sin efecto el instrumento que regula los servicios de transporte marítimo que se proveen entre dos o más países.

Durante el webinar "La denuncia de las Reglas de La Haya en Perú: caso de estudio para Latinoamérica", organizado por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, la abogada Katerina Vuskovic, presidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) y la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, junto con el abogado y profesor de Derecho Marítimo, Antonio Pejovés, discutieron la situación que ha generado controversia en el sector.

"Esta cuestión de debatir, de conversar si era conveniente mantenernos con el sistema de La Haya o dar un paso adelante no es una cuestión novedosa, desde los ochentas por lo menos lo que se conversaba era dar un paso adelante, ratificando Visby o esperando que entrase en vigor las Reglas de Hamburgo", explicó Pejovés.

Según el abogado, es necesario que el asunto de la denuncia de las Reglas de La Haya sea conversado. "Se tiene que llegar a consensos, se tiene que convocar a todas las partes involucradas y quizás esa es la falla, yo creo que previamente a tomar una medida de esta naturaleza, que implica una transformación grande, hubiese sido conveniente convocar a los navieros, cargadores a la academia, al poder judicial, a todos los que tengan que ver con el asunto", sostuvo.

En cuanto a las motivaciones que llevaron a la denuncia, Katerina Vuskovic cree que tienen relación con el Decreto Legislativo 1492 (DL 1492), aprobado el 10 de mayo por el Gobierno de Perú, en el contexto de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Dicho decreto busca, entre otras cosas, impulsar la digitalización de los procesos del sector público y privado, y promover la transparencia en la cadena logística de comercio exterior.

"Creemos que el Gobierno se dio cuenta de que había algún conflicto entre este decreto legislativo y las Reglas de La Haya (…) Lo que da pena es que no haya un trasfondo que diga 'Denunciamos este convenio para adoptar esto', tampoco hubo consulta o diálogo entre los sectores involucrados, entonces de alguna manera nos queda un sin sabor y una incertidumbre", comentó la abogada.

Por su parte, Pejovés sostiene que todavía hay tiempo para tomar una decisión mejor preparada. "Este año puede servir de reflexión, porque la denuncia se puede retirar un día antes de que surta efecto y no habría mayores consecuencias. Es momento de debatir qué es lo que más conviene, volver a La Haya, volver a La Haya-Visby o adherir a Hamburgo. Son opciones hay que conversar, qué es lo que más conviene (...) Estamos a tiempo de poder hacer bien las cosas pensando primero en los intereses del país", remarcó.

Respecto de las acciones más acertadas que se podrían tomar ahora mismo, Vuskovic postula que el Gobierno debe retirar la denuncia mientras se inicia una discusión. "A mí me gustaría mantener este status quo hasta que sepamos y debatamos que es lo que le conviene a mi país. A mí me encantaría (las Reglas de) Róterdam, es un escenario super interesante del que hablamos hace 11 o 12 años y del que ahora hay que volver a hablar".

Mientras que Pejovés se inclina por las Reglas de Hamburgo. "Este instrumento internacional reequilibra le distribución de riesgos, no es que sea contrario a ninguno de los dos sectores, sino que busca un equilibrio, tiene esas ventajas", planteó.

Adicionalmente, destacó que se debe solucionar el desorden normativo que se presenta en la Costa Oeste del Pacífico Sudamericano. "Tenemos en Chile Hamburgo, en Perú todavía La Haya, en Ecuador La Haya-Visby y en Colombia no hay ningún convenio. O sea, que si hay un viaje de Valparaíso a Callao, Guayaquil y Buenaventura, tenemos casi todos los regímenes", concluyó.