El directorio de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), en la zona central de Chile, busca agilizar la relicitación del Terminal 2. Para ello, la empresa acudió al Tribunal Ambiental e interpuso un recurso de reclamación en contra de una resolución del Comité de Ministros que asocia las obras viales del plan Acceso Sur con la construcción del T2, lo que podría hacer inviable la iniciativa de la estatal. Dicha resolución se enmarca en el proceso de reclamaciones en instancias administrativas de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que T2 obtuvo en 2018, informó El Mercurio.

Cabe recordar que la obra del T2 fue adjudicada a Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) en 2013. No obstante, debido a demoras en la tramitación ambiental, decidió no continuar el contrato de concesión en marzo de 2019.

El presidente de EPV, Fernando Ramírez, explicó que "la Comisión Regional desestimó los recursos de los oponentes, el Comité de Ministros también lo hizo, pero agregó consideraciones que pueden ser interpretadas en el sentido de que cuando se construya el T2, para operar requeriría que EPV realice inversiones que son parte de Acceso Sur, que está en fase primaria. El licitante tendría el derecho a exigir que le garanticemos que cuando invierta los US$560 millones (inversión del T2) podrá operar con las obras de Acceso Sur finiquitadas".

"Para eso EPV promueve un recurso de reclamación de una parte de la resolución del Comité de Ministros ante el Tribunal Ambiental", dijo.

En cuanto a los plazos que implica el proceso, Ramírez comentó que "cuando se discute en sede administrativa, en los hechos no se cumplen los plazos, y por eso nos vamos a la sede judicial que nos da cierta certeza. Incluyendo un eventual recurso de casación ante la Corte Suprema, en diciembre de 2022 deberíamos tener la resolución definitiva sobre la calificación ambiental del T2. Es importante que sea en esa fecha, porque para interrumpir la caducidad de la RCA, que es en noviembre de 2023, es necesario instalar faenas, que es algo más complejo".

Asimismo, afirmó que asumiendo que el T2 se resolverá en 2022 y que llamarían a licitación de la ampliación portuaria en 2023, deberán resolver qué ocurre con el actual espigón. "Para eso EPV diseñó un mecanismo de transición y licitará la explotación del terminal, lo que hace TCVAL, cuya concesión expira en abril de 2021", añadió.

En relación con los actores que podrán participar en la licitación de transición, el presidente de EPV dijo que harán una presentación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que se pronuncie sobre las bases de licitación para el período de transición y de esa forma pueda determinar las condiciones. Se estima que esto se llevará a cabo en agosto de este año.

Respecto de las proyecciones, considerando la caída en las cifras de carga y el aumento de la brecha con el Puerto de San Antonio, Fernando Ramírez reconoció que lo que ocurrirá en los próximos dos años será muy definitivo. "La ciudad de Valparaíso debe tomar decisiones de vida. Si se declara que Valparaíso tiene vocación portuaria, entonces se debe aceptar que el puerto tenga una ampliación. Si no se acepta, se está negando la vocación de Valparaíso (…) La inmensa mayoría de las fuerzas de Valparaíso, en especial las ciudadanas, ven en su puerto el principal valor de la ciudad. El desafío del puerto, de las autoridades administrativas de Chile, es hacer conciliar el puerto con las demás características de Valparaíso", manifestó.

"En ese desafío, que llamamos 'Nuevo Pacto', Valparaíso se jugará su destino portuario. La licitación del espigón demostrará que sobre Valparaíso hay apetito y se generará creación de empleos de valor (…) Una ampliación portuaria es para al menos duplicar la capacidad actual, que es de 1 millón de TEUs. Estamos seguros de que con un diálogo fructífero, en una ciudad que está destruida, que está muy deprimida, esto se puede mirar con buenos ojos", concluyó.