Dentro de los próximos días, el Gobierno de Chile recibirá recomendaciones sobre la revisión de exenciones tributarias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según un análisis del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Estado dejará de percibir más de US$9.000 millones en 2020 por el otorgamiento de tratamientos impositivos distintos a los establecidos como norma en la legislación, a fin de beneficiar actividades productivas o a un grupo de contribuyentes. En total, empresas y personas pueden acceder a 119 tipos de franquicias o exenciones para reducir su carga tributaria, informo El Mercurio.

No obstante, la reapertura del debate podría reiniciar una discusión sobre la eliminación o restricción de beneficios al transporte de carga.

Entre las exenciones, resalta la diferencia en el pago de los impuestos específicos a los combustibles. Mientras que los usuarios de gasolina pagan un gravamen de 6 UTM por m{+3}, los de petróleo diésel pagan solo 1,5 UTM por m{+3}. Adicionalmente, el rubro de camioneros y otros sectores productivos reciben una devolución por el gasto que realizan en este tipo de combustible. Cabe recordar que en 2008 un paro de camioneros logró mantener el mecanismo de reintegro y que en 2019 el Ministerio de Hacienda renovó hasta 2022 un reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga. Con esto, el fisco dejaría de percibir anualmente cerca de US$ 45 millones adicionales en los próximos años. A esto se suma la renta presunta a la que pueden acogerse micro y pequeñas empresas de transporte.

El abogado socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, apoya la revisión de exenciones a la industria. "En muchos países el impuesto al diésel es menor que al de las gasolinas, porque con ello se busca entregar un subsidio al transporte de carga e indirectamente favorecer a la población general, pero en Chile es demasiada la desproporción entre el impuesto a las gasolinas y el impuesto al diésel, por lo que creo que se puede avanzar en tal sentido. Igualmente, creo que se puede reducir el porcentaje de devolución del impuesto al diésel a estos contribuyentes", comentó.

En cuanto a la renta presunta, dijo que "es una franquicia que puede eliminarse, es anacrónica para los tiempos actuales". En tanto, el socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampo, sostuvo que "en los últimos 10 años los sistemas de tributación basada en presunciones de renta han sido restringidos de manera sustancial. Por ello, si se mantiene, debería ser aplicable a transportistas muy pequeños que usen como máximo dos vehículos. Pero la normativa pyme hoy y el régimen transparente pueden resultar ventajosos para muchos transportistas pequeños esto hace que sea necesario estudiar muy bien la realidad y conveniencia de mantener el sistema, pues produce distorsiones".

Mientras que, el economista y hoy asesor del Ministerio de Hacienda, Claudio Agostini, afirmó que consiste en un mecanismo de elusión por el cual empresas grandes se "disfrazan" de chicas para pagar menos impuestos. Asimismo, aseguró que de eliminarse, el Estado podría recaudar US$300 millones adicionales.

Por su parte, el abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Álvaro Moraga, explicó que "hoy la renta presunta es solo para transportistas muy pequeños, y que solo tienen como ingreso la actividad del transporte. La devolución del impuesto al diésel tiene su fundamento en el apoyo a una actividad estratégica, en que el valor del combustible muchas veces determina si el negocio es o no viable, y el valor de los productos en destino. Hay consenso en que se deben revisar las exenciones, pero el foco debe estar en aquellas que usan las grandes empresas, y que ya no cumplen ninguna de las finalidades que alguna vez las justificaron".