Senadores de México promovieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra reformas que permitieron la militarización de los puertos marítimos, la marina mercante y su traspaso a la Secretaría de Marina (Semar) del país. Con la acción, se busca revertir las reformas aprobadas en septiembre de 2020, así lo informó Info-Transportes.

Según el documento, la Acción fue firmada por 33% de los Senadores y entregada en la corte el 6 de enero. Los demandantes realizaron una carpeta del trámite legal mediante el recurso de inconstitucionalidad con una serie de documentos como la demanda en documentos originales, la firma de Senadores y el decreto impugnado.

En el acto jurídico, se pidió amparo de la justicia federal contra las reformas y los órganos legislativo y ejecutivo que promulgasen leyes impugnadas para revertir la militarización de los puertos en "tiempos de paz", lo que significaría una transgresión a la Constitución General de la República.

De este modo, los senadores dan respuesta a la inconformidad de organizaciones de marinos mercantes y agentes económicos, profesionales en actividad técnico-económicas, los que encabezaron un movimiento para frenar la militarización de los puertos.

Respecto a la militarización, el 7 de diciembre de 2020 se dio inicio a la transición de seis meses, concluyendo el 1 de junio, Día de la Marina, transfiriendo el control total de los puertos a la Semar. Esto se realiza mediante la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Federación (DOF), con las reformas aprobadas por el Congreso en 2020.

De esta manera, finaliza el período de “Reforma Estructural de los Puertos”, iniciada en 1994, plan que permitió modernizar y rescatar el sistema portuario que se había ido a la quiebra operativa y financiera por excesiva intervención del Estado. La Semar, a principios de la década del 70’, ya había asumido el control de los puertos que se encontraban en manos de militares, los que fueron retirados de las funciones debido a que la actividad portuaria y económica estaban fuera de su ámbito de competencia.

El Decreto, publicado el 7 de diciembre 2020, se dio en el marco de la formalización de Ana Laura López Bautista, capitana de altura que asumió como Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante (CGPYMM), además de 14 almirantes, vicealmirantes y capitanes de altura al frente de las empresas paraestatales Administradores Portuarias Integrales (API), que controlan los recintos portuarios.