El gobierno de Chile, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, remitió a la Cámara de Diputados, con fecha del 11 de agosto, el proyecto de Ley que tiene por objeto modificar la Ley de Fomento de la Marina Mercante, contenida en el decreto N°3.059, de 1979, y la Ley de Navegación, contenida en el decreto N°2.222, de 1978, para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo.

El documento presentado conserva las características del documento publicado en abril de este año (ver nota) en el sitio web de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile, el cual corresponde al informe financiero del actual proyecto que busca la apertura del cabotaje a naves de bandera extranjera, actividad que hasta ahora está reservado en gran medida a naves de bandera nacional.

El proyecto ingresado al Congreso entre sus antecedentes expone que pese a existir excepciones, los competidores extranjeros tienen desventajas adicionales que desincentivan su participación en el mercado, que la participación histórica de extranjeros en el mercado de cabotaje ha sido mínima, limitándose con ello potenciales beneficios para usuarios; que existe una alta concentración del mercado de cabotaje de grandes volúmenes y que existen requisitos especiales para constituir una empresa naviera chilena y para enarbolar el pabellón nacional.

Por ello el proyecto remitido por el Gobierno indica que "la apertura del cabotaje crearía condiciones para optimizar la cadena logística y el transporte multimodal, generando mejoras de competitividad en la industria y erradicando movimientos de carga ineficientes que se desarrollan en las costas y puertos del país".

Además, se indica que el proyecto busca beneficios económicos para los consumidores finales del país mediante: menores tarifas por mayor número de oferentes; el aprovechamiento de las ganancias logísticas derivadas de la capacidad ociosa de naves de comercio exterior y la maximización el uso del mar como vía de transporte.

El proyecto en su contenido busca: Modificar el decreto Ley N°3.059, de 1979, Ley de Fomento a la Marina Mercantes. También busca eliminar disposiciones que como consecuencia de la apertura del cabotaje se vuelven innecesarias, entre ellas: las excepciones actuales que contempla ley a través de la licitación o waiver junto a sus respectivos requisitos y la regulación existente en la ley referida al transporte de contenedores vacíos en cabotaje.

Además, busca modificar el decreto ley N°2.222 de 1978 Ley de navegación, mediante la eliminación de barreras para las sociedades que participan en una sociedad naviera chilena; armoniza el porcentaje de oficiales y tripulantes de una nave para poder enarbolar el pabellón chileno a las normas del Código del Trabajo y, también busca el resguardo de la Reserva Naval de la República.

Mirada de los armadores chilenos

Ricardo Tajada, presidente de la Asociación Nacional de Armadores (ANA) en conversación con MundoMarítimo, dio a conocer los pasos a seguir del Gremio ante la iniciativa de Ley del Gobierno; calificó al proyecto como "muy complejo" y que en gran medida "mantiene el mismo sentido del informe financiero de Hacienda".

"Es un proyecto complejo considerando que en todo el mundo se hace cabotaje y el cabotaje está reservado para la bandera del propio país. Entonces no es algo que se inventó acá. En Chile sí existen varias excepciones para permitir que de alguna manera un buque de bandera extranjera, cuando no haya disponible un buque de bandera chilena pueda hacer cabotaje, por lo que no está tan cerrado tampoco", manifestó.

Por otro lado, enfatizó que "la Asociación Nacional de Armadores, como todos los navieros chilenos estamos disponibles para poder revisar las excepciones al tema del cabotaje que haya que hacer de acuerdo con la realidad actual, que permita una libre competencia, pero en igualdad de condiciones, eso es lo que siempre hemos mencionado".

"Por ahora lo que vamos a hacer es analizar con mucha calma el proyecto, recién fue ingresado, tiene urgencia siempre. O sea, podría estar durmiendo ahí mucho tiempo. Lo revisaremos todas las aristas que tiene este proyecto porque se ha analizado muchas veces y hablado desde el punto de vista económico; ver la letra chica del proyecto, de qué manera afecta a otras aristas y de esa forma ver como aportar al proyecto", añadió.

También Ricardo Tejada se refirió al momento en el que se decidió enviar este proyecto. "El Gobierno tiene poco espacio para poder tramitar proyectos de estas características que son complejos y requieren de muchas vueltas. Digamos que acaba de ingresar a la Comisión de Obras Públicas de Transportes y Telecomunicaciones y debería pasar por otras comisiones también. Entonces es raro que se ingrese a estas alturas, considerando que en unos pocos meses más va a haber un cambio de Gobierno".

"Por eso mismo queremos tomar las cosas con mucha calma e ir de acuerdo con el avance del proyecto en la Comisión de la Cámara de Diputados", acotó finalmente.