El actual gobierno de Ecuador, encabezado por Guillermo Lasso, pretende que las terminales portuarias privadas pasen del sistema de otorgamiento a un modelo de contrato de concesión. La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), gremio que aglutina a los principales puertos privados, rechazo la iniciativa al considerar que se condena a los puertos a desaparecer. Es por ello que, delegados de este gremio se reunieron la semana pasada con el ministro de la Producción, Julio José Prado, y el secretario jurídico de la presidencia para tratar este asunto, reportó El Universo.

Cabe mencionar que el esquema vigente tiene un sistema portuario en el que coexisten puertos estatales concesionados a empresas privadas como Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar, y otro grupo de terminales, construidas con capitales privados, que funcionan con permisos otorgados por el Estado.

Prado, explicó días atrás que los puertos privados tendrán mayor estabilidad jurídica al pasar de "permisos" a "contratos de concesión". Para eso se propone un régimen de transición de cinco años, precisó, en referencia a las interpretaciones que se están dando a una transitoria que se incorpora en el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, despachado días atrás por la Asamblea Nacional al Ejecutivo. En ese proyecto se fijan las nuevas reglas para las terminales portuarias privadas.

Asotep esgrimió que las infraestructuras de estos puertos han sido construidas por la empresa privada y los terrenos son adquiridos por ella, no por el Estado, por lo tanto, no son infraestructuras portuarias estatales preexistentes: "Sería arbitrario someter a los puertos privados a la firma de un contrato de concesión, así como al pago de cánones y contraprestación variables por una infraestructura que los privados han aportado", indicaron desde el gremio.

Sergio Murillo, presidente de Asotep, dijo en un manifiesto que los puertos privados suman inversiones por cerca de US$400 millones en los últimos 20 años, cumpliendo con todos los requisitos y disposiciones que se han establecido. El gremio recordó que, en los contratos de concesión en el sector portuario, de acuerdo con el marco reglamentario actual, dispone que se concesionan infraestructuras estatales preexistentes, fijando el pago de cánones y contraprestaciones fijos y variables, según los activos y bienes de propiedad del Estado entregados.

Para los puertos privados, igualar las contraprestaciones de dos regímenes portuarios totalmente diferentes, entre concesiones de infraestructuras estatales construidas por el Estado frente a infraestructuras privadas construidas por la empresa privada, encarecería los servicios portuarios. Los voceros de las terminales particulares estimaron que con la operación de estas infraestructuras se rompió un monopolio, que se tradujo en bajas tarifas, eficiencia y mejores servicios.

Asotep ha pedido revisar en profundidad las propuestas que contiene esta transitoria para respetar la seguridad jurídica, alentar la competitividad del Ecuador y mantener la imagen país. A modo de respuesta, Prado ha anticipado que se puede mejorar la redacción de la transitoria, pero precisó que con la nueva ley se busca promover competencia e inversión.

Datos de las terminales privadas refieren que el 87,6% de la carga marítima (no petrolera) de Ecuador se transfiere por los puertos de Guayaquil. Por las terminales particulares se moviliza más del 50 % del volumen de la carga de exportación e importación del país. Cifras se traducen en que, durante los últimos años, la participación de los puertos privados fue creciendo y la terminal estatal concesionada a Contecon fue reduciendo su carga.