La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (España) ha licitado la instalación de placas fotovoltaicas para suministrar energía eléctrica a los edificios de Dirección, Conservación y Policía Portuaria. El enclave gaditano ha señalado que la iniciativa implica la instalación de una potencia total de 157,6 kwp, tecnología que ahorrará 52 toneladas de petróleo anuales para la generación de esa energía y evitará la emisión a la atmósfera de 111.000 kilos de CO2.

El proyecto se ha diseñado para el autoconsumo de las oficinas de la APBA. De forma que, la instalación contará con 394 módulos fotovoltaicos repartidos entre la cubierta del edificio de Conservación de la APBA, y las marquesinas del aparcamiento de trabajadores de Dirección.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 300.000 euros, inversión que estará cofinanciada con los Fondos Next Generation del MRR (Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia).

Cabe destacar que, la nueva planta fotovoltaica ayudará a cumplir los compromisos en materia de reducción de emisiones recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, cuyo objetivo es la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en España para el año 2050 y un sistema eléctrico 100% renovable. A su vez, se espera que para 2030 la generación eléctrica renovable suponga ya el 74% del total.

Esta es una más de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria en su Estrategia Verde para actuar de forma sostenible y en línea con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP), las prioridades medioambientales que establece la Organización Europea de Puertos (ESPO) y las líneas de trabajo del Pacto Verde Europeo.

Por otro lado, el Puerto de Cádiz ha recibido recientemente un total de siete ofertas para urbanizar el entorno del Puesto de Control Fronterizo (PIF) de la nueva terminal de contenedores. Las obras implicarán la urbanización perimetral asociada al nuevo edificio del PIF, las cuales cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.