La Fiscalía Nacional Económica (FNE) participó esta semana en los alegatos realizados ante la Corte Suprema para revisar las reclamaciones formuladas por la empresa portuaria STI y por SAAM Logistics contra la Resolución Nº 68 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), dictada el 31 de diciembre de 2021.

En dicha resolución, el TDLC estableció medidas preventivas que la empresa DP World-Puerto Central (PCE) deberá cumplir en caso de administrar el Terminal Ferroviario Intermodal Barrancas, ubicado junto al puerto en San Antonio.

En el alegato, el Subjefe de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic, argumentó que las medidas establecidas por el TDLC “buscan mitigar los posibles riesgos para la libre competencia en el caso que la administración del Terminal Barrancas sea asignada a PCE, y serían necesarias incluso en un escenario en que no existiese competencia entre el transporte ferroviario de contenedores y su transporte mediante camiones”.

De acogerse tales reclamaciones y establecer una operación desintegrada entre PCE y un tercero que administre el Terminal Barrancas, según Domic, “se reducen significativamente las eficiencias que pueden lograrse para mejorar el transporte ferroviario de carga, sin una disminución relevante de los riesgos [a la libre competencia]”.

Por último, indicó que en cualquier caso se requerirían de medidas de resguardo respecto de las posibles conductas anticompetitivas en que podría incurrir el operador independiente, equivalentes a las que el TDLC estableció respecto de PCE.