El ministro de Infraestructura de Brasil, Marcelo Sampaio, dijo que envió "informalmente" el 30 de agosto al Tribunal de Cuentas Federal (TCU) todos los estudios y el proyecto para la privatización del Puerto de Santos, que se espera licitar este año, a pesar del apretado calendario. "Envié el estudio de manera informal el día 30 al ministro Bruno Dantas, que está informando del proceso a la Corte. Ya tiene todo el material", dijo el ministro a los periodistas durante un congreso promovido en Brasilia por la ABCR, que reúne a los concesionarios de autopistas, informó Istoé Dinheiro. 

Según él, la expectativa es que todos los ritos de gobernanza para que el proyecto sea enviado formalmente al TCU estén terminados para el día 16 de septiembre. Los estudios pasan por procedimientos en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq), el Programa de Alianzas de Inversión (PPI) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Tal y como muestra Broadcast (sistema de noticias en tiempo real del Grupo Estatal), el ministro aún cree que podrá celebrar la licitación este año, a la espera de que el proceso tenga una breve tramitación en el Tribunal de Cuentas. Según el ministro, la firma del contrato de concesión de la primera privatización portuaria, de la Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), está prevista para el próximo día 5 de septiembre.

Sampaio también explicó lo que la carpeta está estudiando hacer con el área dentro del Puerto de Santos conocida como STS10, que el gobierno pretende concesionar para el manejo de contenedores. Existe una intensa disputa sobre la licitación de la región en torno a la posibilidad de participación de los armadores (líneas navieras). Según el ministro, si la privatización de Santos se produce efectivamente este año, el gobierno puede dejar que el nuevo operador portuario defina el "mejor uso de la zona".

"Incluyendo lo mismo con el proyecto de la terminal de fertilizantes sts53. Si la privatización de Santos va bien, nuestra intención es dejar que estas dos licitaciones permanezcan para que el privado tenga como área libre para él", explicó. Por otro lado, si el proceso de venta del complejo portuario no camina como el gobierno espera, el plan es hacer la licitación de las dos áreas todavía en 2022.

Terminales

El ministro también confirmó que el proyecto enviado al TCU añadía una nueva posibilidad de acuerdo para que las empresas se disputen el activo, tal y como anticipó Broadcast. En él, las terminales u otros operadores, como los ferrocarriles, que movilicen la carga en el complejo portuario pueden unirse sin límites de participación conjunta, siempre que cada uno represente hasta el 5% del consorcio.

En el límite, por ejemplo, 20 empresas que comandan actividades dentro del puerto podrían formar un grupo y disputarse la administración del "condominio". El modelo está diseñado para facilitar la entrada de estos operadores en la administración del complejo portuario, cuando se privatice.

La novedad de la licitación no excluye el acuerdo previsto inicialmente por el Gobierno, que permite que las terminales y otros operadores, como los ferroviarios, integren el consorcio con una participación individual máxima del 15%, pero con un límite del 40% en conjunto.