Ante el requerimiento efectuado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) Ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Terminal Pacífico Sur (TPS), el concesionario del Terminal 1 de Valparaíso emitió una declaración pública en la que sostiene que aún no ha sido notificada del requerimiento que se ha hecho público, “por lo que lamenta ser sorprendida y afectada su reputación de esta forma, sin que se cumplan condiciones mínimas que es dable esperar para garantizarle su derecho a defensa”.

En la declaración, TPS anticipa desde ya, que sin perjuicio de las defensas que se harán valer en las instancias correspondientes, que “las acusaciones de la FNE carecen de fundamento”.

Al respecto argumenta que las tarifas que hoy se cuestionan se establecieron y se aplican desde el mes de septiembre de 2019 fueron registradas y publicadas tras ser aprobadas por la Empresa Portuaria Valparaíso y que éstas remuneran los servicios de seguridad que demanda “la esmerada protección que hoy se requiere para el resguardo de las cargas transferidas a través de su terminal en Valparaíso, que requieren cuantiosas inversiones en equipos, sistemas y personal de seguridad, y que son parte de la oferta de calidad de servicios de TPS que la distingue de otros terminales nacionales e internacionales”.

TPS sostiene además que ha cumplido así con todas las leyes y reglamentos que rigen su actuar en este orden de cosas y, en particular, aquellas que regulan el régimen de tarifas de los servicios portuarios, ofreciendo a sus usuarios de comercio exterior un servicio que ha sido reconocido internacionalmente como de primer nivel.

FNE ya había confirmado la regularidad de las tarifas

De acuerdo con TPS las tarifas de seguridad fueron ya objeto de análisis por parte de la FNE en investigación que tuvo lugar el año 2019, oportunidad en la que no encontró elementos que dieran lugar a un cuestionamiento de las mismas y por lo mismo procedió a archivar la investigación. “En tales términos, la FNE confirmó la regularidad de las tarifas en cuestión y el archivo de la investigación generó en TPS la legítima confianza de estar obrando conforme con la normativa de defensa y promoción de la libre competencia”, se indica en la declaración.

Por lo anterior, TPS sostiene “que resulta sorprendente que, en esta nueva oportunidad, más de cuatro años después del registro de las referidas tarifas de seguridad, la FNE presente un requerimiento en contra de TPS por infracción a las normas de protección a la libre competencia”.

Por lo mismo, subraya que “es inconcebible que una autoridad del Estado defraude la confianza que sus propias actuaciones, estudios y conclusiones generaron en TPS como actor del mercado portuario de la V Región, un mercado por lo demás regulado, altamente competitivo y en donde participan muchos actores ofreciendo una amplia variedad de servicios a la carga”.

Desincentivo a inversiones en seguridad 

La declaración de TPS sostiene que “en tiempos en que la seguridad y el tránsito de droga a través de terminales portuarios constituye la principal preocupación en nuestro país y en el mundo, resulta por decir lo menos insólito que la FNE, órgano que forma parte de la Administración del Estado, desincentive inversiones y servicios que buscan precisamente atender esta imperiosa necesidad en uno de los principales puertos del país”.

Por último, en la declaración se señala que “TPS tiene la convicción de haber actuado correctamente, de haber cumplido con las leyes y de estar contribuyendo activamente al progreso del país, por lo que se hará cargo de las injustas imputaciones que la FNE le habría formulado según lo publicitado en los medios de prensa”.

Por MundoMarítimo