Mediante un comunicado la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) manifestó que el rechazo en la sala de la Cámara de Diputados de la admisibilidad para la tramitación del proyecto de ley llamado “de Royalty Portuario”, “es una señal positiva, ya que con ello se ha respetado y resguardado el marco constitucional”.

Cabe mencionar que la iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados el 15 de septiembre con 47 votos en contra, 41 a favor y 3 abstenciones, lo que llevó a declararla como inadmisible. Esto significa que el proyecto no podrá volver a presentarse en la Cámara durante al menos un año. La propuesta buscaba que las empresas navieras pagaran 1 dólar por tonelada de carga transferida, destinando esos fondos a las ciudades puerto y a los gobiernos regionales.

De acuerdo con el gremio “el artículo 65 de la Constitución Política del Estado establece límites claros respecto de los tipos de proyectos de ley que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; lo son, particularmente, aquellos que implican gastos fiscales y creación de tributos, como era el caso de esta moción parlamentaria”.

Según la Camport, con esta decisión, se evitan espacios de incertidumbre que podrían haber afectado al sector marítimo y portuario, así como a cualquier otra industria productiva nacional. “Reglas claras y estables, así como el respeto de nuestro marco constitucional, son fundamentales para atraer inversiones y promover el desarrollo de nuevos negocios”, indica la declaración.

Igualmente, la Camport indica que no se debe olvidar que los terminales concesionados y las navieras ya pagan múltiples cargos y tributos, tales como: canon de concesión, Tarifa de Uso Portuario (TUP), Tarifa de Faros y Balizas y entre otros impuestos. “Estos aportes, además de mejorar la transparencia de su uso, podrían destinarse a las regiones donde se generan, si así se estimara, sin necesidad de establecer un impuesto adicional”, indica el gremio.

Además, la Camport reitero a las autoridades y actores del sector, que “la prioridad actual en materia portuaria es mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia logística terrestre (vial y ferroviaria) y avanzar en los proyectos de expansión de la capacidad portuaria, mediante los mecanismos y procesos que están habilitados por la legislación vigente”.