Ocho asociaciones marítimas han remitido una carta conjunta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al secretario general de la Organización Marítima Internacional, OMI, Arsenio Domínguez, reiterando sus preocupaciones respecto a la posible imposición de peajes o tasas de servicio en el Estrecho de Ormuz.

Los firmantes son la Asociación Asiática de Armadores (ASA), el Consejo Marítimo Báltico e Internacional BIMCO, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la Asociación de Armadores Europeos (ECSA), la Cámara Internacional de Transporte Marítimo (ICS), Intercargo, Intertanko y el Consejo Mundial de Navegación (WSC).

En la misiva se señala que, como la Organización Marítima Internacional ha destacado repetidamente, desde el inicio del conflicto los marineros han estado operando en un entorno de creciente incertidumbre, con incidentes que han costado vidas, y señalan que “la seguridad de los marineros debería ser innegociable”.

Además, reiteran que tampoco debería ser objeto de negociación la libre navegación porque la capacidad de los buques mercantes para navegar las vías fluviales internacionales de forma segura, predecible y sin impedimentos innecesarios “es fundamental para cadenas de suministro resilientes, estabilidad económica y seguridad energética”.

Se establece un precedente

En este punto, las asociaciones señalan que introducir un peaje obligatorio para la navegación, a través del Estrecho de Ormuz supondría un cambio significativo respecto a la práctica internacional establecida y que, más allá de las implicaciones financieras inmediatas para el comercio global, establecería un precedente que “podría socavar el marco legal internacionalmente reconocido” que regula los estrechos utilizados para la navegación y el tránsito internacional.

Una vez establecido tal precedente, se vuelve cada vez más difícil resistirse a medidas similares en otros lugares, lo que genera incertidumbre para el transporte marítimo internacional y el comercio global.

La carta afirma que “cualquier coste adicional impuesto al transporte marítimo se traslada inevitablemente a las cadenas de suministro internacionales” y que sus consecuencias “van más allá de los costes de transporte”, contribuyendo a precios más altos de la energía, mayor inflación e incertidumbre económica. En última instancia, estos impactos tendrán un coste humano, afectando a los medios de vida en todo el mundo. Por tanto, “es vital que sigamos apoyando la preservación de la libertad de navegación como base de la gobernanza marítima internacional”.

Respeto al Derecho del Mar

La asociaciones marítimas se ponen a disposición de la OMI y la ONU para garantizar “los principios legales de larga data” que rigen los estrechos internacionales, protegidos por el derecho internacional, especialmente a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Así, a medida que se llevan a cabo debates sobre seguridad regional y resolución de conflictos, los firmantes piden garantizar que los derechos de navegación reconocidos internacionalmente no se vean comprometidos ni se utilicen como parte de negociaciones políticas.