El sector pesquero del Estrecho de Gibraltar ha valorado la reciente resolución dictada por la Secretaría General de Pesca en relación con el régimen de capturas fortuitas de atún rojo (Thunnus thynnus). La norma autoriza este tipo de pesquerías accesorias a la flota artesanal y menor de la zona. Las entidades representativas del sector han considerado la medida como una respuesta ante las constantes peticiones formuladas por los armadores y las cofradías de la provincia de Cádiz. No obstante, las organizaciones profesionales han calificado la redacción final del texto como insuficiente para responder a las necesidades reales que atraviesan los profesionales de este caladero.
El secretario general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) y gerente de la Organización de Productores Pesqueros OPP72, Nicolás Fernández, ha manifestado la disconformidad de los profesionales ante el procedimiento administrativo seguido por la Administración central. El portavoz de la flota gaditana ha lamentado que la Secretaría General de Pesca haya emitido un documento regulador que coincide en su totalidad con el borrador previo sometido a consulta. Según ha expuesto Fernández, el órgano estatal no ha contemplado las alegaciones técnicas ni las observaciones presentadas durante el periodo de alegaciones por los colectivos del sector.
En este sentido, las objeciones formales presentadas por los puertos de Conil de la Frontera, Barbate y La Atunara —en La Línea de la Concepción—, así como las reclamaciones enviadas conjuntamente por la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, no han quedado reflejadas en la versión definitiva de la norma. Los representantes pesqueros han argumentado que esta omisión deja desatendidas cuestiones operativas de gran relevancia para el día a día de las embarcaciones que faenan en las aguas próximas al Estrecho.
Uno de los puntos de mayor discrepancia se centra en el límite diario fijado por la resolución estatal. El texto legal limita la pesca accesoria a un máximo de un ejemplar de atún rojo por buque y día. La representación pesquera de la provincia de Cádiz ha considerado que este tope no se ajusta a la realidad biológica de la zona. En las aguas del Estrecho de Gibraltar existe una elevada concentración de esta especie migratoria, con presencia frecuente de ejemplares de menor tamaño. Por ello, la restricción de una sola pieza por jornada dificulta la operativa normal de los barcos artesanales cuando coinciden de forma inevitable con cardúmenes durante sus labores ordinarias.
Asimismo, la flota pesquera ha detectado una omisión en lo que respecta a la logística en puerto. Aunque la resolución de Pesca menciona y autoriza de forma explícita a las embarcaciones con puerto base en Conil de la Frontera, Barbate, Algeciras y La Línea de la Concepción, la norma no ha incorporado la autorización para que estos mismos puertos puedan actuar como puntos oficiales de descarga de las capturas accesorias. Esta falta de concreción genera incertidumbre jurídica entre los patrones de los barcos al momento de desembarcar los ejemplares en las instalaciones portuarias de origen.
El representante de Fecopesca ha señalado que el documento administrativo aplica un marco regulatorio generalizado a todos los caladeros nacionales sin atender a las peculiaridades hidrológicas y biológicas del Estrecho de Gibraltar. Fernández ha afirmado que resulta contradictorio que la Secretaría General de Pesca reconozca la especificidad de la zona al citar expresamente los puertos gaditanos en el texto, pero no adapte las condiciones operativas a las dinámicas propias de esta franja marítima.
La situación del sector pesquero en el Estrecho de Gibraltar se halla condicionada por diversos factores ambientales y socioeconómicos. La proliferación del alga invasora Rugulopteryx okamurae ha alterado drásticamente los fondos marinos y los ecosistemas locales, provocando una merma considerable en los volúmenes de captura de especies tradicionales como el voraz o la urta. Ante la pérdida de rentabilidad de las pesquerías habituales, la posibilidad de aprovechar los ejemplares de atún rojo que caen de forma fortuita en los aparejos constituye un recurso para el sostenimiento económico de las tripulaciones.
Sin embargo, las organizaciones del sector han advertido que la tramitación para regularizar este tipo de capturas ha resultado excesivamente lenta. La demora administrativa pone en riesgo la viabilidad financiera de una flota que carece de alternativas pesqueras inmediatas dentro de su ámbito de actuación. A pesar de estas deficiencias, Nicolás Fernández ha reconocido que la norma permite disponer de una posibilidad que antes estaba prohibida, fijando un cupo de hasta 64 toneladas para los buques de la zona. El portavoz de la OPP72 ha resumido la postura del colectivo señalando que, si bien la resolución no satisface las demandas completas, representa un paso dentro del proceso de ordenación del sector.
La resolución de la Secretaría General de Pesca abarca a más de 6.000 embarcaciones en el conjunto del territorio español y fija una cuota global de pesca fortuita de 233,92 toneladas de atún rojo. El documento detalla los requisitos técnicos, las condiciones sanitarias, los calendarios de apertura y los trámites correspondientes para la incorporación de los nuevos grupos de flota autorizados. Conforme a lo establecido en la disposición, el aprovechamiento de este contingente ha quedado habilitado a partir del 12 de agosto.
La distribución del cupo nacional de 233,92 toneladas se ha estructurado en cuatro bloques diferenciados según la modalidad y el ámbito geográfico. El censo correspondiente al Cantábrico y Noroeste dispone de un total de 67,39 toneladas. Para los buques con censo en la zona del Mediterráneo se han consignado 55,28 toneladas, mientras que a la flota del Golfo de Cádiz se le han asignado 47,25 toneladas. Por último, la partida de 64 toneladas ha quedado adscrita de forma específica a los buques que mantienen su puerto base en las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción, Algeciras, Barbate y Conil de la Frontera, atendiendo a las solicitudes particulares de los municipios pesqueros del Estrecho.
